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¿Cómo afecta la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor a los contratos de arrendamiento en Ecuador?
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor puede tener implicaciones en los contratos de arrendamiento, especialmente si el arrendatario es considerado como consumidor. La ley busca proteger los derechos de los consumidores, y es importante considerar estas disposiciones al redactar contratos y resolver disputas.
¿Cómo se gestionan los riesgos de corrupción en contratos internacionales que involucran a contratistas ecuatorianos?
La gestión de riesgos de corrupción en contratos internacionales que involucran a contratistas ecuatorianos se realiza mediante la adopción de políticas anticorrupción, la aplicación de debida diligencia en las transacciones internacionales, y la cooperación con autoridades internacionales contra la corrupción. Estos esfuerzos buscan garantizar la integridad en la participación de contratistas ecuatorianos en proyectos internacionales.
¿Cuál es la legislación en relación con el delito de manipulación de precios en el mercado en Ecuador?
Ecuador tiene leyes que penalizan la manipulación de precios en el mercado, con el objetivo de garantizar la competencia justa y proteger a los consumidores.
¿Los informes de antecedentes penales en Ecuador son accesibles al público en general?
Los informes de antecedentes penales en Ecuador generalmente no son accesibles al público en general. La información está sujeta a restricciones y solo se divulga a personas autorizadas y en situaciones específicas.
¿Se puede realizar un aumento de la renta durante la duración del contrato en Ecuador?
Según la Ley de Inquilinato, en contratos de arrendamiento con duración superior a un año, se permite un aumento anual de la renta, el cual debe ser acordado entre las partes. En contratos a corto plazo, el aumento está sujeto a lo establecido en el contrato inicial.
¿Cómo se establece la pensión compensatoria en casos de divorcio en Ecuador?
La pensión compensatoria en casos de divorcio se establece considerando factores como la duración del matrimonio, el estándar de vida durante el mismo y la capacidad económica de ambas partes. Su objetivo es compensar a un cónyuge que pueda experimentar un desequilibrio financiero como resultado del divorcio.
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