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¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de personas jurídicas se aborda mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Establece que las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales por delitos cometidos en su nombre. Las acciones judiciales buscan responsabilizar a la entidad y, cuando proceda, imponer multas y otras sanciones.
¿Cómo se aborda la responsabilidad ambiental en casos de daño al medio ambiente en Ecuador?
La responsabilidad ambiental se aborda mediante la aplicación de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Responsabilidad por Daño Ambiental, imponiendo obligaciones y sanciones en caso de daño ambiental.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la supervisión ética de contratistas en proyectos relacionados con el patrimonio cultural en Ecuador?
El Ministerio de Cultura y Patrimonio en Ecuador puede desempeñar un papel en la supervisión ética de contratistas en proyectos relacionados con el patrimonio cultural. Esto incluiría la revisión del respeto a normativas de preservación del patrimonio, la evaluación de prácticas éticas en excavaciones arqueológicas y la imposición de sanciones en caso de daño o negligencia ética en proyectos culturales.
¿Cuáles son las reglas fiscales relacionadas con la deducción de gastos de representación para empresas en Ecuador?
Los gastos de representación pueden ser deducibles para el cálculo del Impuesto a la Renta, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos. Mantener documentación detallada es esencial para respaldar estos gastos.
¿Cuál es la pena por el delito de lesiones graves en Ecuador?
Las lesiones graves pueden resultar en penas de prisión, siendo la duración determinada por la gravedad de las lesiones infligidas.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
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