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¿Cómo se aborda la prueba ilícita en el sistema legal ecuatoriano?
En Ecuador, la prueba ilícita generalmente se excluye, y las partes pueden impugnarla mediante recursos y argumentos legales adecuados.
¿Cómo se regulan los contratos de arrendamiento con opción a compra en Ecuador?
Los contratos de arrendamiento con opción a compra deben especificar claramente los términos de la opción, incluyendo el precio de compra, el plazo para ejercer la opción y cualquier condición relacionada. La Ley de Inquilinato en Ecuador no regula específicamente los contratos de arrendamiento con opción a compra, por lo que es crucial establecer cláusulas detalladas en el contrato.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de comunidades y pueblos afrodescendientes en Ecuador?
La protección de derechos de comunidades y pueblos afrodescendientes implica acciones judiciales específicas y está respaldada por la Constitución de Ecuador. Estos grupos pueden presentar demandas para la defensa de sus derechos territoriales, culturales y participación política, buscando el reconocimiento y protección en el ámbito judicial.
¿Qué acciones puede tomar el beneficiario si el deudor no cumple con las condiciones de un acuerdo de pago en Ecuador?
Si el deudor no cumple con las condiciones de un acuerdo de pago, el beneficiario puede recurrir al tribunal para buscar la aplicación de medidas coercitivas, como multas adicionales, retenciones de salario o la revisión de la cuantía de la pensión alimenticia.
¿Qué medidas debe tomar una empresa para garantizar el cumplimiento normativo en sus operaciones diarias en Ecuador?
Las empresas deben implementar políticas internas, capacitación del personal y auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento.
¿Cuál es el proceso de evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de minería en proyectos extractivos en Ecuador?
El proceso de evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de minería en proyectos extractivos en Ecuador implica la revisión de programas de responsabilidad social, la consulta y participación de comunidades afectadas, y la medición del impacto social positivo generado por la actividad minera. Los contratistas deben demostrar su compromiso con prácticas socialmente responsables.
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