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¿Qué medidas específicas se han implementado en Ecuador para fortalecer la prevención del lavado de activos en el sector no financiero?
Además de las medidas en el sector financiero, Ecuador ha implementado regulaciones específicas para sectores no financieros, como la joyería, bienes raíces y casinos, exigiendo la debida diligencia en transacciones y reportes de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos en estas áreas.
¿Cómo se aplican las reglas fiscales a las empresas que realizan actividades de turismo y hospedaje en Ecuador?
Las empresas del sector turismo y hospedaje pueden tener reglas fiscales específicas. Comprender cómo se gravan los ingresos y las inversiones en este sector es esencial para el cumplimiento tributario.
¿Cómo se lleva a cabo la fase de descubrimiento en un expediente judicial?
Durante el descubrimiento, las partes intercambian información relevante, como documentos y testimonios, para prepararse.
¿Cómo se regulan los casos de difamación y calumnia en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de difamación y calumnia se regulan en Ecuador mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las personas afectadas pueden presentar denuncias penales para que se investiguen estos delitos, buscando sanciones para quienes difundan información falsa con la intención de dañar la reputación de otros.
¿Cuáles son las consideraciones éticas en el cumplimiento normativo que las empresas deben tener en cuenta en Ecuador?
Las consideraciones éticas en el cumplimiento normativo implican no solo seguir la ley, sino también adoptar prácticas comerciales éticas y responsables, respetando los derechos de los empleados, clientes y comunidades.
¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
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