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¿Cómo se abordan los casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género se abordan mediante acciones judiciales y están respaldados por la Ley Orgánica de Identidad de Género. Las víctimas pueden presentar denuncias por discriminación, buscando la protección de sus derechos y sanciones para quienes perpetúen actos discriminatorios.
¿Cuál es el proceso para la tramitación de la acción de protección en Ecuador?
La acción de protección es un mecanismo para garantizar derechos fundamentales; su tramitación implica presentar la demanda ante un juez, quien debe resolverla de manera expedita.
¿Qué medidas se toman para proteger los derechos de visitación del deudor alimentario en casos de disputa sobre la pensión en Ecuador?
En casos de disputa sobre la pensión alimenticia, se busca proteger los derechos de visitación del deudor alimentario, y estos derechos por lo general no deben verse afectados por la situación financiera. Si existen problemas, se pueden buscar soluciones legales para garantizar que el bienestar de los hijos prevalezca.
¿Cuál es el plazo máximo para solicitar el pago de pensiones alimenticias atrasadas en Ecuador?
En Ecuador, el plazo máximo para solicitar el pago de pensiones alimenticias atrasadas es de cinco años. Después de este período, puede ser más difícil hacer valer el derecho a través de procesos legales.
¿Cómo se lleva a cabo la impugnación de decisiones administrativas en el ámbito judicial en Ecuador?
La impugnación de decisiones administrativas se realiza a través de acciones contencioso-administrativas. Las partes afectadas pueden presentar demandas ante los tribunales, argumentando la ilegalidad o arbitrariedad de las decisiones tomadas por entidades gubernamentales.
¿Cómo se protegen los derechos de terceros afectados por un embargo en Ecuador?
Los terceros afectados por un embargo en Ecuador pueden proteger sus derechos presentando una oposición ante el tribunal. Pueden argumentar que los bienes embargados no son propiedad del deudor o que tienen derechos legítimos sobre esos bienes. El tribunal evaluará estas reclamaciones antes de proceder con la venta de los bienes embargados.
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