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¿Cuál es la función de la Defensoría Pública en los procesos judiciales ecuatorianos?
La Defensoría Pública en Ecuador tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para personas que no pueden costear representación legal. Proporciona asesoramiento, defensa y representación gratuita a aquellos que lo necesitan en diversos procesos judiciales.
¿Qué recursos legales tiene el beneficiario si el deudor se niega a proporcionar información financiera para el cálculo de la pensión alimenticia en Ecuador?
Si el deudor se niega a proporcionar información financiera, el beneficiario puede solicitar al tribunal que ordene al deudor presentar la información necesaria. La negativa del deudor puede tener consecuencias legales y afectar su posición en el caso.
¿Cómo se asegura la integridad de las transacciones financieras internacionales en el marco de las relaciones comerciales de Ecuador?
Ecuador garantiza la integridad de las transacciones financieras internacionales mediante la aplicación de medidas específicas. Esto incluye la participación activa en organismos internacionales, el cumplimiento de estándares internacionales contra el lavado de activos y la colaboración con otros países para prevenir el uso indebido del sistema financiero en transacciones internacionales.
¿Cuáles son las medidas para prevenir la trata de personas en Ecuador?
Ecuador implementa medidas de prevención, sensibilización y persecución legal para combatir la trata de personas de manera efectiva.
¿Cuáles son los pasos generales en un proceso judicial en Ecuador?
Un proceso judicial en Ecuador generalmente sigue los pasos de presentación de la demanda, notificación a las partes, etapa de pruebas, audiencia de juzgamiento y la emisión de la sentencia.
¿Cuál es la estrategia de Ecuador para abordar la corrupción en la contratación pública y cómo se previenen prácticas corruptas relacionadas con PEP en este proceso?
La estrategia de Ecuador para abordar la corrupción en la contratación pública se basa en la transparencia y la competencia. Se establecen regulaciones claras que prohíben la participación de PEP en procesos de contratación y se aplican rigurosas medidas de evaluación de riesgos. La implementación de sistemas electrónicos para la contratación y la publicación abierta de información sobre licitaciones contribuyen a prevenir prácticas corruptas y asegurar la selección justa y objetiva de contratistas en el sector público.
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