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¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en el contexto de la contratación pública en Ecuador?
En la contratación pública, el cumplimiento normativo implica seguir procesos transparentes y éticos. Las empresas deben cumplir con regulaciones específicas para participar en licitaciones, asegurando la competencia leal y la integridad en el uso de fondos públicos.
¿Cómo se castiga el delito de violencia de género en el ámbito virtual en Ecuador?
La violencia de género en el ámbito virtual está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan prevenir el acoso en línea basado en género y proteger la seguridad de las personas en internet.
¿Cómo se determina la capacidad económica del deudor cuando tiene ingresos variables en Ecuador?
Cuando el deudor tiene ingresos variables, el tribunal en Ecuador puede considerar un promedio de ingresos a lo largo del tiempo para determinar su capacidad económica. Se pueden tener en cuenta factores como recibos de salario, contratos laborales anteriores y otros documentos financieros para obtener una imagen más precisa.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen historial laboral y educativo?
Por lo general, las verificaciones de antecedentes en Ecuador se centran en historial penal, y no incluyen detalles específicos sobre historial laboral y educativo. Sin embargo, algunas empresas pueden solicitar información adicional como parte de su proceso de contratación.
¿Cómo se gestionan las cláusulas de no discriminación en contratos de venta en Ecuador?
Las cláusulas de no discriminación son esenciales para promover la igualdad y evitar prácticas discriminatorias. En Ecuador, el contrato puede incluir cláusulas que prohíban la discriminación basada en criterios como raza, género, orientación sexual o cualquier otro factor protegido por la ley. Estas cláusulas refuerzan el compromiso con la igualdad de trato en la ejecución del contrato.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de consumidores en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de consumidores implica acciones judiciales enmarcadas en la Ley de Defensa del Consumidor. Los consumidores afectados pueden presentar demandas para la reparación de daños, la devolución de pagos indebidos y la sanción de prácticas comerciales abusivas por parte de proveedores de bienes y servicios.
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