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¿Cómo se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema judicial ecuatoriano?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador se establece a través de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Esta ley establece sanciones y medidas específicas para las personas jurídicas involucradas en actividades delictivas.
¿Cómo se declaran y gravan los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios a través de plataformas digitales en Ecuador?
Los ingresos generados por la venta en plataformas digitales están sujetos al Impuesto a la Renta. Conocer las tasas aplicables y las obligaciones de retención es esencial para cumplir con las regulaciones fiscales relacionadas con el comercio electrónico.
¿Existen programas de colaboración académica entre universidades ecuatorianas y españolas?
Sí, hay programas de colaboración académica entre universidades de Ecuador y España. Estos programas pueden facilitar intercambios de estudiantes, profesores y proyectos conjuntos. Es recomendable consultar directamente con las instituciones educativas.
¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones comerciales y contrataciones públicas dentro del marco de compliance en Ecuador?
La promoción de la transparencia en las transacciones comerciales y contrataciones públicas en Ecuador implica la adhesión a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las empresas deben proporcionar información clara y accesible, y cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar la integridad en estas transacciones.
¿Cómo se aborda el delito de tráfico de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola en Ecuador?
El tráfico de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola está penalizado en Ecuador, con medidas específicas para prevenir y sancionar esta práctica.
¿Cómo se manejan las disputas sobre la interpretación del contrato de arrendamiento en Ecuador?
En caso de disputas sobre la interpretación del contrato, las partes pueden recurrir a la mediación o conciliación para buscar una resolución amistosa. Si no se logra un acuerdo, se pueden seguir los procedimientos legales establecidos por la Ley de Inquilinato. La claridad en la redacción del contrato es clave para prevenir malentendidos.
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