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¿Cómo pueden los contratistas demostrar cumplimiento ético y legal en sus operaciones en Ecuador?
Los contratistas pueden demostrar cumplimiento ético y legal en Ecuador mediante la implementación de políticas de ética empresarial, la realización de auditorías internas y externas, la adhesión a códigos de conducta y la participación activa en programas de cumplimiento. La transparencia y la responsabilidad son clave para demostrar la integridad de las operaciones.
¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración de impuestos en Ecuador?
Las declaraciones de impuestos deben presentarse anualmente. La fecha límite para la presentación varía según el último dígito del RUC de la empresa.
¿Cómo afecta un embargo a la reputación crediticia a largo plazo en Ecuador?
Un embargo en Ecuador puede tener un impacto significativo en la reputación crediticia a largo plazo del deudor. La presencia de embargos en el historial crediticio puede hacer que sea más difícil obtener crédito en el futuro y afectar negativamente las tasas de interés. Para mitigar estos efectos, es esencial gestionar de manera responsable las deudas, buscar soluciones preventivas antes de llegar a un embargo y tomar para reparar la reputación crediticia medidas después de resolver la deuda.
¿Cuáles son los criterios para clasificar a alguien como Persona Expuesta Políticamente en Ecuador?
En Ecuador, se considera PEP a aquellos individuos que desempeñan funciones públicas importantes, como altos funcionarios gubernamentales, jueces y legisladores. Los criterios específicos están detallados en la legislación vigente.
¿Cómo se regula el teletrabajo ocasional en Ecuador y cuáles son los derechos de los empleados en esta modalidad?
El teletrabajo ocasional en Ecuador está regulado por la Ley Orgánica de Teletrabajo, que establece los derechos de los empleados y las obligaciones del empleador en esta modalidad laboral.
¿Cuál es el proceso para la impugnación de actos administrativos en Ecuador?
La impugnación de actos administrativos se realiza mediante recursos administrativos ante la autoridad competente y, posteriormente, a través de la acción de protección ante el sistema judicial.
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