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¿Cómo se regula la responsabilidad de las empresas por daños ambientales en el sistema judicial ecuatoriano?
La responsabilidad de las empresas por daños ambientales se regula mediante la Ley Orgánica del Ambiente. Las acciones judiciales pueden ser presentadas para exigir la reparación integral de los daños causados por actividades industriales o comerciales. Esto puede incluir sanciones económicas y medidas correctivas para mitigar el impacto ambiental.
¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de personas jurídicas se aborda mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Establece que las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales por delitos cometidos en su nombre. Las acciones judiciales buscan responsabilizar a la entidad y, cuando proceda, imponer multas y otras sanciones.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en Ecuador?
La Superintendencia regula y supervisa a las entidades de economía popular y solidaria, asegurando su funcionamiento transparente y su contribución al desarrollo económico del país.
¿Cómo se abordan los casos de acoso laboral en el sistema legal ecuatoriano?
El acoso laboral se aborda mediante la presentación de denuncias ante la Inspección del Trabajo o la autoridad competente, y puede resultar en sanciones para el empleador infractor.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el marco del compliance en empresas ecuatorianas?
Los directores y altos ejecutivos en empresas ecuatorianas tienen la responsabilidad de liderar la implementación de programas de compliance efectivos. Esto implica establecer una cultura ética, supervisar la debida diligencia y garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables.
¿Cómo se abordan los riesgos específicos relacionados con el lavado de activos en el ámbito del compliance en Ecuador?
El compliance en Ecuador debe abordar los riesgos de lavado de activos mediante la implementación de políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de transacciones sospechosas y la participación activa en la prevención del lavado de activos, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica contra el Lavado de Activos.
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