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¿Cuáles son las penas por el delito de difusión no consensuada de material íntimo en Ecuador?
La difusión no consensuada de material íntimo, conocida como "pornografía de venganza", está penalizada en Ecuador con sanciones para proteger la privacidad de las personas.
¿Cómo se promueve la equidad de género en la selección de contratistas en proyectos de desarrollo social en Ecuador?
La equidad de género en la selección de contratistas en proyectos de desarrollo social en Ecuador se promueve mediante la inclusión de criterios de igualdad de género en los procesos de licitación, la incentivación de la participación de empresas lideradas por mujeres, y la adopción de políticas que fomenten ambientes laborales inclusivos. Estas acciones buscan garantizar la participación equitativa de mujeres en proyectos de desarrollo social.
¿Cómo se manejan los casos de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de corrupción son investigados por la Fiscalía y tramitados ante tribunales especializados en casos de delitos relacionados con la corrupción.
¿Cuál es el papel de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en la supervisión ética de contratistas en proyectos de salud en Ecuador?
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en Ecuador puede desempeñar un papel en la supervisión ética de contratistas en proyectos de salud. Esto incluiría la revisión del cumplimiento de estándares sanitarios, la evaluación de prácticas éticas en la prestación de servicios de salud, y la imposición de sanciones en caso de incumplimientos éticos.
¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas puede establecerse por acciones de sus representantes legales; la sanción puede ser multas o disolución, según la ley.
¿Cómo se resuelven los conflictos de límites territoriales entre municipios en Ecuador?
Los conflictos de límites territoriales entre municipios se resuelven mediante acciones judiciales específicas. Los municipios involucrados pueden presentar demandas para definir y regular los límites, y el proceso judicial implica la revisión de pruebas y la emisión de decisiones que clarifiquen la delimitación territorial.
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