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¿Cómo se protegen los derechos de los fiadores durante un embargo en Ecuador?
Los fiadores tienen derechos específicos durante un proceso de embargo en Ecuador. Antes de recurrir al fiador para satisfacer la deuda, el acreedor generalmente debe agotar las opciones de cobro directo del deudor principal. Los fiadores tienen el derecho a ser notificados adecuadamente ya impugnar el embargo si se demuestra que no se siguieron los procedimientos legales. Es fundamental que los fiadores conozcan sus derechos y busquen asesoramiento legal para asegurarse de que se respetan durante todo el proceso de embargo.
¿Cuál es la pena por el delito de extorsión en Ecuador?
La extorsión en Ecuador puede llevar a penas de 10 a 16 años de prisión, dependiendo de la gravedad y circunstancias.
¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de activos en el sector de la salud en Ecuador?
En el sector de la salud, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos en Ecuador. Esto incluye la supervisión de transacciones financieras en el ámbito de la salud, la identificación de posibles irregularidades en la facturación y la colaboración con organismos de salud para garantizar la integridad del sistema.
¿Cuáles son las personas que pueden ser beneficiarias de la pensión alimenticia en Ecuador?
En Ecuador, pueden ser beneficiarias de la pensión alimenticia los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad que estén estudiando y no tengan ingresos propios, y el cónyuge en caso de divorcio o separación legal.
¿Cuál es el procedimiento para la impugnación de actos administrativos en el sistema judicial ecuatoriano?
La impugnación de actos administrativos se realiza mediante acciones contencioso-administrativas. Las partes afectadas pueden presentar demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, buscando la revisión judicial de decisiones tomadas por autoridades administrativas.
¿Cuál es el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene el papel de promover la participación ciudadana en la gestión pública y controlar la conducta ética de las autoridades, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder.
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