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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de la conducta de los contratistas en Ecuador?
La sociedad civil en Ecuador puede desempeñar un papel activo en la supervisión de la conducta de los contratistas. Organizaciones no gubernamentales, grupos de defensa y ciudadanos pueden denunciar prácticas sospechosas, lo que contribuye a la transparencia y ayuda a las autoridades en la identificación y sanción de contratistas infractores.
¿Cómo se establecen los plazos de entrega en un contrato de venta en Ecuador?
Los plazos de entrega deben ser claramente especificados en el contrato de venta. Según la legislación ecuatoriana, si no se establece un plazo, se asume que la entrega debe realizarse en un tiempo razonable. Es recomendable incluir cláusulas que contemplen posibles retrasos y las consecuencias asociadas.
¿Cómo se determina la responsabilidad del empleador en casos de enfermedades profesionales en Ecuador?
La responsabilidad del empleador en casos de enfermedades profesionales se determina considerando la relación entre la enfermedad y las condiciones de trabajo. Los empleadores deben proporcionar un entorno seguro y cumplir con las normativas de salud ocupacional.
¿Existen programas de rehabilitación para contratistas sancionados en Ecuador?
Sí, en algunos casos, Ecuador puede tener programas de rehabilitación para contratistas sancionados. Estos programas podrían permitir a las empresas demostrar un cambio en su comportamiento y cumplimiento, lo que puede resultar en la eliminación o reducción de las sanciones impuestas.
¿Qué recursos legales tiene un deudor alimentario en Ecuador para solicitar una reducción de la pensión alimenticia?
Un deudor alimentario en Ecuador puede solicitar una reducción de la pensión alimenticia alegando cambios sustanciales en sus ingresos o circunstancias personales. Esto debe ser presentado ante un juez, quien evaluará la solicitud.
¿Cuáles son las garantías procesales en los procedimientos penales en Ecuador?
Las garantías procesales en los procedimientos penales incluyen el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no autoincriminarse y la prohibición de la tortura. Estas garantías buscan proteger los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso judicial penal.
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