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¿Puede el arrendatario realizar cambios estructurales en el bien arrendado en Ecuador?
Realizar cambios estructurales generalmente requiere el consentimiento expreso del arrendador. Estos cambios deben especificarse detalladamente en el contrato, incluyendo la responsabilidad de los costos y la obligación de restaurar el bien a su estado original al finalizar el contrato. Sin el consentimiento del arrendador, el arrendatario puede ser responsable de daños y perjuicios.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Ecuador?
Ecuador implementa medidas preventivas como campañas de concienciación, capacitación y acciones coordinadas para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual.
¿Cómo se penaliza el delito de trata de personas con fines de explotación infantil en Ecuador?
La trata de personas con fines de explotación infantil está penalizada en Ecuador, con medidas específicas para proteger a los niños y adolescentes y prevenir situaciones de abuso y explotación.
¿Cuál es el papel de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad en Ecuador?
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad regula y controla la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, garantizando la eficiencia y calidad del servicio en el sector eléctrico.
¿Cómo se manejan las cláusulas de terminación anticipada en contratos de venta de servicios en Ecuador?
Las cláusulas de terminación anticipada son importantes para establecer las condiciones bajo las cuales cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato antes de la fecha de vencimiento. El contrato puede especificar los motivos permitidos, los plazos de notificación y las consecuencias financieras asociadas con la terminación anticipada. Esto brinda flexibilidad en situaciones cambiantes.
¿Cómo se regulan los casos de violencia laboral en el sistema judicial ecuatoriano?
La violencia laboral se regula en Ecuador mediante disposiciones del Código del Trabajo. Las acciones judiciales pueden ser presentadas por los trabajadores afectados, buscando la protección de sus derechos y la imposición de sanciones a los responsables de conductas violentas en el ámbito laboral.
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