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¿Cuáles son los criterios para la exclusión de contratistas de licitaciones públicas en Ecuador?
Los criterios para la exclusión de contratistas de licitaciones públicas en Ecuador pueden incluir violaciones éticas, incumplimientos contractuales, prácticas comerciales deshonestas, fraude o cualquier otra conducta que viole las leyes y regulaciones aplicables. La gravedad de la infracción determina la duración y severidad de la exclusión.
¿Puede un embargo afectar los salarios y cuentas bancarias en Ecuador?
Sí, los salarios y cuentas bancarias pueden ser objeto de embargo en Ecuador. Sin embargo, existen límites legales para la cantidad que puede ser embargada, y se protege un porcentaje del salario para garantizar que el deudor pueda cubrir sus necesidades básicas. Las cuentas bancarias también están sujetas a límites para proteger ciertos fondos esenciales.
¿Cómo se trata el delito de explotación sexual infantil en plataformas digitales en Ecuador?
La explotación sexual infantil en plataformas digitales está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan prevenir este tipo de delito y proteger a los menores.
¿Cuál es el papel de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad en Ecuador?
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad regula y controla la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, garantizando la eficiencia y calidad del servicio en el sector eléctrico.
¿Existen incentivos para la autorregulación ética de los contratistas en Ecuador?
Sí, en Ecuador pueden existir incentivos para la autorregulación ética de los contratistas. Estos incentivos podrían incluir beneficios fiscales, preferencias en procesos de licitación, o la participación en programas de certificación ética. Estos mecanismos buscan alentar a las empresas a adoptar prácticas éticas de manera voluntaria.
¿Cómo se abordan los casos de acoso laboral en el ámbito judicial ecuatoriano?
Los casos de acoso laboral se abordan mediante acciones judiciales y administrativas. La víctima puede presentar denuncias ante la autoridad laboral y, en casos más graves, recurrir a acciones judiciales para obtener medidas de protección y compensación por daños y perjuicios.
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