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¿Cuáles son las medidas de protección disponibles en casos de violencia de género?
En casos de violencia de género, se pueden solicitar medidas de protección, como órdenes de alejamiento y prohibición de contacto. Además, existen servicios de apoyo psicológico y legal para las víctimas. La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía o la policía, quienes investigarán y tomarán las medidas correspondientes.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas del sector turismo y hostelería en Ecuador?
En el sector turismo y hostelería, el cumplimiento normativo abarca desde la seguridad del cliente hasta el cumplimiento de normas sanitarias y laborales, asegurando una experiencia segura y legal para los visitantes y empleados.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades en caso de daños causados por fuerza mayor en el bien arrendado en Ecuador?
En caso de daños causados por eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, las partes deben actuar de buena fe para resolver la situación. La ley no responsabiliza al arrendatario por daños causados por eventos imprevisibles. Se recomienda incluir cláusulas específicas en el contrato para abordar estas situaciones.
¿Cómo se aborda la responsabilidad civil por productos defectuosos en Ecuador?
La responsabilidad civil por productos defectuosos está regulada por la Ley de Defensa del Consumidor, imponiendo obligaciones a los fabricantes y proveedores para indemnizar a los consumidores afectados.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una pensión por jubilación en Ecuador?
La solicitud de pensión por jubilación se realiza ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Debes cumplir con requisitos de edad y aportes, presentar una solicitud, y proporcionar documentación que respalde tu historial laboral. La pensión por jubilación es esencial para asegurar ingresos durante la etapa de retiro.
¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y el público para fortalecer la prevención del lavado de activos en Ecuador?
Ecuador promueve la colaboración entre el sector privado y público mediante la creación de plataformas de diálogo y cooperación. Se llevan a cabo mesas de trabajo conjunto, se comparten mejores prácticas y se establecen canales de comunicación para garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante posibles casos de lavado de activos.
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