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¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo y la fijada por un tribunal en Ecuador?
La pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo es resultado de un acuerdo entre las partes, mientras que la fijada por un tribunal se determina mediante un proceso legal. Ambas son legalmente vinculantes, pero la primera implica un acuerdo amistoso, y la segunda es impuesta por una autoridad judicial.
¿Cuál es el impacto fiscal de la adquisición y enajenación de participaciones societarias en empresas extranjeras por parte de residentes en Ecuador?
La adquisición y enajenación de participaciones societarias en empresas extranjeras puede tener consecuencias fiscales. Es fundamental conocer las reglas de tributación sobre ganancias de capital y las obligaciones de reporte.
¿A qué edad se emite la cédula de identidad en Ecuador?
La cédula de identidad se emite en Ecuador a partir de los 18 años de edad. Antes de cumplir esta edad, los ciudadanos pueden poseer una cédula de menor, que es un documento temporal.
¿Cómo se regula la responsabilidad de las empresas por daños ambientales en el sistema judicial ecuatoriano?
La responsabilidad de las empresas por daños ambientales se regula mediante la Ley Orgánica del Ambiente. Las acciones judiciales pueden ser presentadas para exigir la reparación integral de los daños causados por actividades industriales o comerciales. Esto puede incluir sanciones económicas y medidas correctivas para mitigar el impacto ambiental.
¿Cómo se regula la acción de habeas data en Ecuador?
La acción de habeas data protege el derecho a la privacidad de la información personal; el procedimiento se inicia ante la Superintendencia de Información y Comunicación.
¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de personas jurídicas se aborda mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Establece que las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales por delitos cometidos en su nombre. Las acciones judiciales buscan responsabilizar a la entidad y, cuando proceda, imponer multas y otras sanciones.
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