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¿Cuáles son las consecuencias legales para un deudor alimentario que no cumple con sus obligaciones en Ecuador?
El deudor alimentario en Ecuador que no cumple con sus obligaciones puede enfrentar consecuencias legales, como multas, embargo de bienes y hasta prisión, según lo establecido en la legislación vigente.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los propietarios de animales en casos de daños en Ecuador?
La responsabilidad de los propietarios de animales en casos de daños está regida por el Código Civil, estableciendo que el dueño es responsable por los actos de sus animales, y puede ser sujeto a indemnización por los perjuicios causados.
¿Qué protecciones existen para los trabajadores con discapacidad en el ámbito laboral en Ecuador?
Los trabajadores con discapacidad en Ecuador tienen derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo y a la adaptación de sus puestos de trabajo según sea necesario para garantizar su plena participación laboral.
¿Cuál es la pena por el delito de extorsión en Ecuador?
La extorsión en Ecuador puede llevar a penas de 10 a 16 años de prisión, dependiendo de la gravedad y circunstancias.
¿Cómo se resuelven los casos de violencia digital y ciberacoso en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de violencia digital y ciberacoso se resuelven mediante acciones judiciales específicas. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda delitos relacionados con el uso indebido de tecnologías, y las víctimas pueden presentar denuncias para que se investiguen estos casos, buscando la protección de sus derechos en el ámbito digital.
¿Cómo afectan las políticas de precios de transferencia a las empresas multinacionales en Ecuador y cuáles son las mejores prácticas?
Las políticas de precios de transferencia son relevantes para las empresas multinacionales que realizan transacciones entre partes relacionadas. En Ecuador, las empresas deben establecer políticas de precios de transferencia que cumplan con los principios de plena competencia y proporcionen documentación adecuada para respaldar los precios acordados. Las mejores prácticas incluyen la realización de estudios de precios de transferencia, el mantenimiento de documentación detallada y la comunicación proactiva con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para prevenir problemas fiscales.
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