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¿Cómo se manejan las referencias laborales internacionales en el proceso de selección en Ecuador?
Las referencias laborales internacionales pueden ser valoradas en el proceso de selección, ya que proporcionan información sobre la experiencia global del candidato. Estas referencias se pueden verificar a través de contactos profesionales y plataformas especializadas.
¿Cómo se trata la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en el ámbito laboral en Ecuador?
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género está prohibida por las leyes laborales en Ecuador, y los empleadores deben implementar políticas inclusivas y respetuosas.
¿Cómo se manejan los casos de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario en Ecuador?
En caso de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario, el arrendador puede notificarlo y dar un plazo razonable para corregir la situación. Si el arrendatario no cumple, el arrendador puede recurrir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado o iniciar acciones legales para buscar una compensación o la rescisión del contrato.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
¿Cómo se determina la base imponible para el Impuesto a la Renta de Personas Naturales en Ecuador?
La base imponible para personas naturales se calcula restando las deducciones permitidas de los ingresos brutos. Conocer estas deducciones, como gastos médicos o educación, es crucial para optimizar la carga tributaria.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la supervisión ética de contratistas en proyectos de desarrollo social en Ecuador?
El Ministerio de Inclusión Económica y Social en Ecuador puede desempeñar un papel en la supervisión ética de contratistas en proyectos de desarrollo social. Esto incluiría la revisión del impacto social de los proyectos, la evaluación del cumplimiento de políticas de inclusión y la imposición de sanciones en caso de prácticas no éticas que afecten a comunidades vulnerables.
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