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¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública en asuntos de familia?
La Defensoría Pública en Ecuador puede proporcionar asesoramiento y representación legal gratuita a personas que no pueden costear un abogado en asuntos de familia. Su papel incluye brindar apoyo a personas en situaciones vulnerables, como víctimas de violencia doméstica o personas con recursos limitados en procesos judiciales familiares.
¿Existe un registro público de contratistas sancionados en Ecuador?
Sí, en Ecuador, existe un registro público de contratistas sancionados. Este registro proporciona información sobre las empresas o individuos sancionados, la naturaleza de las sanciones y su duración. Este nivel de transparencia ayuda a garantizar la integridad en los procesos de contratación pública.
¿Cuáles son las opciones disponibles para el beneficiario si el deudor no paga la pensión alimenticia voluntariamente en Ecuador?
Si el deudor no paga la pensión voluntariamente, el beneficiario puede recurrir al tribunal para solicitar medidas coercitivas. Esto puede incluir embargos de salario, retenciones bancarias u otras acciones destinadas a hacer cumplir la sentencia y garantizar el pago de la pensión alimenticia.
¿Cuáles son las reglas fiscales relacionadas con la deducción de gastos de representación para empresas en Ecuador?
Los gastos de representación pueden ser deducibles para el cálculo del Impuesto a la Renta, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos. Mantener documentación detallada es esencial para respaldar estos gastos.
¿Cuáles son los desafíos y soluciones para el cumplimiento normativo en el ámbito de la ciberseguridad en Ecuador?
Los desafíos en ciberseguridad incluyen la evolución constante de amenazas. Las soluciones implican la implementación de medidas de seguridad robustas, la formación en conciencia de ciberseguridad y la adaptación rápida a cambios normativos para proteger los sistemas digitales.
¿Cómo se resuelven los conflictos relacionados con el contrato de arrendamiento en Ecuador?
En caso de conflictos, las partes pueden recurrir a la mediación o conciliación como primer paso para resolver disputas de manera amistosa. Si no se alcanza un acuerdo, el siguiente paso es recurrir a instancias judiciales. La Ley de Inquilinato establece los procedimientos específicos para resolver conflictos y proteger los derechos de ambas partes.
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