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¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones que rigen el cumplimiento normativo en Ecuador?
En Ecuador, las leyes clave incluyen la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos.
¿Cómo puede el comité de compliance de una empresa en Ecuador contribuir a la efectividad del programa de cumplimiento, y cuáles son las mejores prácticas para su establecimiento y funcionamiento?
El comité de compliance puede contribuir mediante la supervisión activa, la revisión de políticas y la promoción de la cultura de cumplimiento. Las mejores prácticas incluyen la diversidad de habilidades en el comité, reuniones regulares, y la participación activa en la evaluación y mejora continua del programa de cumplimiento.
¿Qué hacer en caso de que la cédula de identidad caduque mientras uno está fuera del país?
Si la cédula de identidad caduca mientras uno está fuera del país, se debe realizar el trámite de renovación en un consulado ecuatoriano. Es esencial planificar con anticipación y asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos por el consulado.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión de crisis relacionadas con el cumplimiento normativo en Ecuador?
La gestión de crisis implica una respuesta rápida y efectiva. Las empresas deben contar con planes de contingencia, comunicación transparente, colaboración con autoridades y evaluación postcrisis para aprender y mejorar sus prácticas de cumplimiento.
¿Cómo se resuelven las disputas en el ámbito laboral en Ecuador?
Las disputas laborales pueden someterse a mediación, conciliación o ser resueltas mediante un proceso judicial ante las autoridades laborales.
¿Cómo se integran las regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador?
La integración de regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador se logra mediante la inclusión de verificaciones específicas en las transacciones. Se requiere la identificación de PEP en las transacciones inmobiliarias, y se establecen protocolos para evaluar la legalidad y legitimidad de las transacciones. La colaboración entre entidades gubernamentales y agentes inmobiliarios es clave para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones y prevenir posibles usos indebidos del sector.
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