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¿Cuál es el impacto fiscal de las pérdidas tributarias acumuladas en Ecuador?
Las pérdidas tributarias acumuladas pueden compensarse con ganancias futuras, reduciendo la carga tributaria. Sin embargo, existen límites y condiciones para su aplicación, y es fundamental llevar un registro adecuado.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los profesionales del derecho en casos de mala praxis legal en Ecuador?
La responsabilidad de los profesionales del derecho se regula por el Código de Ética Profesional, y los casos de mala praxis legal pueden ser objeto de denuncias ante el Colegio de Abogados o de acciones judiciales.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la distribución de utilidades en Ecuador?
La distribución de utilidades está sujeta al Impuesto a la Renta. Las empresas deben calcular y retener el impuesto correspondiente antes de distribuir las utilidades a los accionistas.
¿Cómo se abordan las sanciones y restricciones comerciales internacionales en un contrato de venta con Ecuador como parte?
Las sanciones y restricciones comerciales pueden afectar las transacciones internacionales. En el contrato, es fundamental incluir cláusulas que requieran el cumplimiento con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo sanciones internacionales. También se puede establecer una revisión regular para asegurar la conformidad continua durante la ejecución del contrato.
¿Cómo se regula la pensión alimenticia en casos de hijos mayores de edad que cursan estudios superiores?
En casos de hijos mayores de edad que cursan estudios superiores, la pensión alimenticia puede extenderse hasta que completen su educación. Se considera el apoyo financiero necesario para la formación académica. La solicitud se realiza ante el tribunal, y este evaluará la pertinencia y duración de la pensión.
¿Cuál es el rol del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la supervisión ética de contratistas en proyectos sociales en Ecuador?
El Ministerio de Inclusión Económica y Social en Ecuador puede tener un rol en la supervisión ética de contratistas en proyectos sociales. Esto incluiría la evaluación del impacto social de los proyectos, la garantía de la inclusión de comunidades vulnerables y la imposición de sanciones en caso de prácticas que no promuevan la inclusión económica y social.
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