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¿Cómo se regula la mediación familiar en casos de conflicto?
La mediación familiar es un proceso alternativo para resolver conflictos sin recurrir a los tribunales. En Ecuador, la mediación puede ser utilizada en casos de divorcio, custodia y otros asuntos familiares. Un mediador imparcial facilitará la comunicación entre las partes para llegar a acuerdos consensuados.
¿Cuáles son las implicaciones éticas en contratos de venta de servicios de consultoría en investigación en Ecuador?
Las implicaciones éticas en contratos de servicios de consultoría en investigación son importantes. El contrato puede detallar los principios éticos que guiarán la investigación, el tratamiento de los participantes y la divulgación de resultados. También es crucial abordar cómo se manejarán los posibles conflictos de interés y garantizar la integridad y objetividad en el proceso de investigación.
¿Qué factores considera un tribunal al determinar la sentencia en un expediente penal?
El tribunal puede tener en cuenta la gravedad del delito, antecedentes del acusado, circunstancias atenuantes y agravantes, etc.
¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes para personas con discapacidades en Ecuador?
Las verificaciones de antecedentes para personas con discapacidades en Ecuador deben realizarse de manera justa y sin discriminación. La ley prohíbe la discriminación basada en discapacidad, y las adaptaciones razonables deben ser consideradas en el proceso de verificación.
¿Puedo solicitar la residencia temporal en España como profesional de la comunicación siendo ecuatoriano?
Sí, los profesionales de la comunicación pueden solicitar la residencia temporal en España presentando una oferta de trabajo en este sector. Es necesario cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud en el consulado español en Ecuador.
¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de personas jurídicas se aborda mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Establece que las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales por delitos cometidos en su nombre. Las acciones judiciales buscan responsabilizar a la entidad y, cuando proceda, imponer multas y otras sanciones.
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