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¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos generados por la venta de acciones y participaciones societarias en Ecuador?
La venta de acciones y participaciones puede tener implicaciones fiscales. Es necesario comprender cómo se clasifican estos ingresos y si hay exenciones o beneficios fiscales disponibles.
¿Cuáles son las consideraciones específicas para la exportación de bienes desde Ecuador en un contrato de venta internacional?
La exportación de bienes desde Ecuador implica consideraciones adicionales. El contrato debe abordar aspectos como la obtención de permisos de exportación, requisitos aduaneros, y el cumplimiento de normativas internacionales. Incluir cláusulas que definan claramente las responsabilidades de cada parte en este proceso contribuye a una transacción internacional exitosa.
¿Cómo se clasifican las empresas en términos de cumplimiento normativo en Ecuador?
Las empresas en Ecuador pueden clasificarse en función de su tamaño y sector, cada uno sujeto a regulaciones específicas.
¿Qué medidas puede tomar el arrendatario en caso de que el bien arrendado presente problemas estructurales en Ecuador?
Si el bien arrendado presenta problemas estructurales, el arrendatario debe notificar al arrendador de manera inmediata. Si el arrendador no toma medidas para solucionar los problemas, el arrendatario puede recurrir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para buscar una resolución. Es vital documentar las comunicaciones y seguir los procedimientos legales.
¿Cómo se abordan los casos de derechos humanos en el sistema judicial de Ecuador?
Ecuador reconoce la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos. La Corte Constitucional y otros tribunales tienen la responsabilidad de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales, permitiendo incluso la acción de hábeas corpus en casos de amenazas inminentes a la libertad.
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