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¿Se pueden incluir cláusulas de penalización por rescisión anticipada en un contrato de arrendamiento en Ecuador?
Sí, las partes pueden acordar cláusulas de penalización por rescisión anticipada en el contrato de arrendamiento. Estas cláusulas deben ser razonables y proporcionadas, y suelen establecerse para cubrir posibles pérdidas del arrendador debido a la rescisión anticipada por parte del arrendatario.
¿Cuál es la importancia de la diversidad de experiencia educativa en el proceso de selección en Ecuador?
La diversidad de experiencia educativa puede ser valiosa. Se busca seleccionar candidatos con diferentes antecedentes educativos que aporten perspectivas variadas y enfoques innovadores a la organización.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los fabricantes en casos de productos defectuosos en Ecuador?
La responsabilidad de los fabricantes por productos defectuosos está regulada por el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo obligaciones y derechos para garantizar la seguridad de los consumidores.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los establecimientos educativos en casos de accidentes o incidentes con estudiantes en Ecuador?
La responsabilidad de los establecimientos educativos se regula por el Código Civil y la Ley de Educación, estableciendo deberes de cuidado y responsabilidades en casos de accidentes o incidentes con estudiantes.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las operaciones de leasing y arrendamiento operativo en Ecuador?
Las operaciones de leasing y arrendamiento operativo pueden tener consecuencias fiscales específicas. Es necesario entender cómo se clasifican estas operaciones y las implicaciones para el cálculo del Impuesto a la Renta.
¿Cuál es la relación entre las sanciones a contratistas y la competitividad del mercado en Ecuador?
Las sanciones a contratistas pueden influir significativamente en la competitividad del mercado en Ecuador. La imposición de sanciones busca crear un entorno empresarial justo y ético al desincentivar prácticas no éticas. Esto, a su vez, fomenta una competencia más equitativa y promueve la participación de contratistas que cumplen con los estándares éticos y legales.
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