Artículos recomendados
¿Cuál es la pena por el delito de incitación a la violencia en Ecuador?
La incitación a la violencia puede ser penalizada con sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de deudas en Ecuador?
Los plazos de prescripción de deudas pueden variar según la naturaleza de la obligación, y deben observarse cuidadosamente para evitar la pérdida de derechos.
¿Cómo se determina la residencia fiscal de una empresa en Ecuador?
La residencia fiscal de una empresa se determina por su lugar de constitución o dirección principal. Las empresas residentes están sujetas a impuestos sobre sus ingresos globales, mientras que las no residentes solo gravan sus ingresos ecuatorianos.
¿Puede un embargo afectar a bienes adquiridos después de la deuda en Ecuador?
En algunos casos, un embargo puede afectar bienes adquiridos después de la deuda en Ecuador, especialmente si existe una sentencia judicial que incluya disposiciones sobre futuros activos del deudor. Además, los acreedores pueden solicitar la ampliación del embargo para incluir nuevos bienes. Es fundamental conocer los términos específicos de la sentencia y buscar asesoramiento legal para entender completamente cómo los bienes adquiridos después de la deuda pueden estar sujetos a un embargo.
¿Cuáles son los pasos para divorciarse en Ecuador?
El proceso de divorcio en Ecuador requiere la presentación de una demanda de divorcio ante un juez de familia. Ambas partes deben estar de acuerdo en el divorcio o demostrar causas legales. Se deben presentar documentos como la partida de matrimonio, acuerdos sobre la custodia de los hijos y la división de bienes, y asistir a una audiencia judicial. Es recomendable contar con la asesoría de un abogado durante este proceso.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana implica acciones judiciales y está respaldada por la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Estas personas pueden presentar denuncias por violación de sus derechos, incluyendo casos de tráfico de personas o discriminación, buscando protección y reparación en el ámbito judicial.
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