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¿Cómo se establece la competencia territorial en los procesos judiciales en Ecuador?
La competencia territorial se determina según la ubicación del domicilio de la parte demandada o el lugar donde ocurrieron los hechos que originaron el litigio. La correcta determinación de la competencia es crucial para garantizar un proceso legal y justo.
¿Cómo se aborda la responsabilidad de las entidades financieras en casos de fraudes en Ecuador?
La responsabilidad de las entidades financieras en casos de fraudes se aborda mediante la presentación de denuncias ante la Superintendencia de Bancos o acciones judiciales, según corresponda.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre multas no pagadas u obligaciones financieras pendientes?
Las verificaciones de antecedentes en Ecuador generalmente se centran en antecedentes penales, pero algunas empresas pueden solicitar información adicional sobre multas no pagadas o deudas pendientes como parte de su proceso de contratación.
¿Cómo ha evolucionado la conciencia pública en Ecuador sobre la importancia de combatir la corrupción relacionada con PEP?
En los últimos años, la conciencia pública en Ecuador sobre la importancia de combatir la corrupción relacionada con PEP ha aumentado. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial al presionar por la transparencia y responsabilidad en el gobierno.
¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Ecuador?
El plazo para impugnar un embargo en Ecuador puede variar según la naturaleza del caso y la jurisdicción. En general, se establece un plazo después de la notificación del embargo para que el deudor presente una impugnación. Es crucial actuar dentro de este plazo para proteger los derechos del deudor. Se recomienda buscar asesoramiento legal de inmediato en caso de desacuerdo con el embargo.
¿Cómo se abordan las diferencias salariales de género en Ecuador?
La legislación ecuatoriana prohíbe la discriminación salarial por género. Los empleadores deben garantizar la igualdad salarial para hombres y mujeres que desempeñan funciones similares.
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