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¿Cuáles son las tendencias emergentes en cumplimiento normativo en Ecuador y cómo están afectando a las empresas?
Tendencias como la digitalización, la inteligencia artificial y los enfoques más proactivos para la gestión de riesgos están impactando el cumplimiento normativo en Ecuador, exigiendo a las empresas adaptarse a un entorno en constante evolución.
¿Cuáles son los plazos para interponer diferentes tipos de acciones legales en Ecuador?
Los plazos varían según la naturaleza del caso. Por ejemplo, el plazo para interponer una demanda laboral puede ser diferente al plazo para acciones civiles. Es crucial conocer y respetar estos plazos para evitar la prescripción de derechos.
¿Cómo se abordan las garantías de productos en un contrato de venta en Ecuador?
Las garantías de productos deben detallarse claramente en el contrato. En Ecuador, la Ley de Defensa del Consumidor establece derechos específicos para los compradores en términos de garantías. Es crucial definir la duración de las garantías, las condiciones para reclamos y cualquier limitación de responsabilidad. Esto proporciona seguridad a ambas partes y cumple con las normativas locales.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas que participan en proyectos de infraestructura en Ecuador?
Las empresas involucradas en proyectos de infraestructura deben cumplir con normativas específicas, incluyendo licitaciones públicas y privadas, normativas ambientales, y regulaciones relacionadas con la seguridad y la calidad de la construcción. La gestión eficiente del cumplimiento es fundamental para el éxito del proyecto.
¿Cuál es la normativa en relación con el trabajo de menores en Ecuador?
El trabajo de menores en Ecuador está regulado para garantizar su protección. Existen restricciones sobre el tipo de trabajo, las horas laborales y las condiciones para emplear a personas menores de edad.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las inversiones en proyectos de infraestructura en Ecuador?
Ecuador implementa medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las inversiones en proyectos de infraestructura. Se establecen controles en las transacciones financieras relacionadas con proyectos de construcción, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos sectoriales para prevenir el uso indebido de estas inversiones en actividades ilícitas.
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