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¿Qué medidas cautelares pueden solicitarse durante un expediente judicial en Ecuador?
Se pueden solicitar medidas como el embargo de bienes, la prohibición de enajenar, o la retención de cuentas bancarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
¿Cómo se establecen las condiciones para la renovación del contrato de arrendamiento en Ecuador?
Las condiciones para la renovación del contrato de arrendamiento en Ecuador pueden ser acordadas entre las partes. Es común incluir cláusulas que estipulen la notificación previa de intención de renovar, ajustes en la renta, y cualquier cambio en los términos del contrato. La ley permite la renovación automática si ambas partes están de acuerdo.
¿Cuáles son los requisitos para presentar una apelación en un expediente judicial?
Para apelar, generalmente se debe demostrar un error legal sustancial durante el juicio o en la interpretación de la ley.
¿Cuáles son las consideraciones para contratos de venta de servicios de consultoría legal en Ecuador?
En contratos de venta de servicios de consultoría legal, es crucial abordar aspectos específicos. El contrato puede detallar los servicios legales proporcionados, los honorarios, las responsabilidades del consultor y las expectativas del cliente en términos de confidencialidad y ética profesional. También es importante incluir cláusulas que aborden posibles conflictos de interés y la duración del compromiso.
¿Cuáles son los pasos para solicitar una exoneración de impuestos en Ecuador?
La solicitud de exoneración de impuestos en Ecuador se realiza ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Debes presentar una solicitud, justificar la razón para la exoneración, y cumplir con los requisitos establecidos. Este trámite es importante en casos específicos, como organizaciones sin fines de lucro o actividades gubernamentales.
¿Cómo se abordan los casos de abuso sexual infantil en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de abuso sexual infantil se abordan con prioridad y sensibilidad en Ecuador. Las víctimas y sus representantes legales pueden presentar denuncias ante la Fiscalía, iniciando así acciones judiciales. Se busca garantizar la protección de los derechos de los menores y llevar a los responsables ante la justicia.
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