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¿Cómo se determina la indemnización por despido injustificado en Ecuador?
La indemnización por despido injustificado en Ecuador se determina considerando factores como el tiempo de servicio, el salario y las circunstancias del despido, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
¿Cómo se establecen las responsabilidades en relación con los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en Ecuador?
Las responsabilidades relacionadas con servicios públicos deben establecerse claramente en el contrato. Por lo general, el arrendador es responsable de garantizar el suministro de servicios básicos como agua y electricidad. Sin embargo, el contrato puede estipular acuerdos específicos sobre quién cubrirá los costos y cómo se facturarán los servicios.
¿Cuál es el proceso de selección de contratistas en proyectos de desarrollo agropecuario en Ecuador para asegurar prácticas éticas y sostenibles?
El proceso de selección de contratistas en proyectos de desarrollo agropecuario en Ecuador para asegurar prácticas éticas y sostenibles implica la revisión de experiencias previas en proyectos similares, la consideración de técnicas agrícolas sostenibles y la participación activa de comunidades agrícolas en la toma de decisiones. Los contratistas deben contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario.
¿Qué derechos tienen los empleados en caso de acoso laboral en Ecuador?
Los empleados en Ecuador tienen el derecho de denunciar casos de acoso laboral, y las leyes laborales protegen contra represalias por hacerlo.
¿Cuáles son las garantías procesales en los procedimientos penales en Ecuador?
Las garantías procesales en los procedimientos penales incluyen el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no autoincriminarse y la prohibición de la tortura. Estas garantías buscan proteger los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso judicial penal.
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