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¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo y la fijada por un tribunal en Ecuador?
La pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo es resultado de un acuerdo entre las partes, mientras que la fijada por un tribunal se determina mediante un proceso legal. Ambas son legalmente vinculantes, pero la primera implica un acuerdo amistoso, y la segunda es impuesta por una autoridad judicial.
¿Cuál es el procedimiento para modificar la pensión alimenticia en Ecuador cuando hay cambios significativos en la situación financiera de las partes?
Para modificar la pensión alimenticia en Ecuador debido a cambios significativos en la situación financiera, se debe presentar una solicitud al tribunal. Esta solicitud debe estar respaldada por pruebas documentadas de los cambios económicos, como estados financieros actualizados o pruebas de desempleo.
¿Cómo se determina la residencia fiscal de una empresa en Ecuador?
La residencia fiscal de una empresa se determina por su lugar de constitución o dirección principal. Las empresas residentes están sujetas a impuestos sobre sus ingresos globales, mientras que las no residentes solo gravan sus ingresos ecuatorianos.
¿Cómo se castiga el delito de maltrato animal en Ecuador?
El maltrato animal está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan proteger a los animales y garantizar su bienestar, estableciendo sanciones para quienes incurran en actos de crueldad.
¿Cómo se determina la cuota alimentaria en casos de divorcio?
La cuota alimentaria en casos de divorcio se determina teniendo en cuenta las necesidades del cónyuge que la recibe y la capacidad económica del que la proporciona. Se busca mantener un nivel de vida similar al que se tuvo durante el matrimonio y asegurar el bienestar del beneficiario.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
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