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¿Cuáles son las implicaciones de la doble instancia en el sistema judicial de Ecuador?
La doble instancia permite que las decisiones judiciales sean revisadas por un tribunal superior. En Ecuador, la segunda instancia es fundamental para garantizar la calidad y legalidad de las sentencias, proporcionando a las partes la oportunidad de impugnar fallos y corregir posibles errores procesales.
¿Cuáles son las restricciones en la venta de bienes embargados en Ecuador?
La venta de bienes embargados en Ecuador está sujeta a restricciones específicas. La subasta pública es el método común, y la ley establece reglas sobre la notificación previa, la valoración de los bienes y la participación de terceros. Además, existen límites legales para la venta de ciertos tipos de bienes, como la vivienda principal del deudor.
¿Cómo se gravan los beneficios derivados de la participación en proyectos de inversión extranjera en Ecuador?
Los beneficios derivados de la participación en proyectos de inversión extranjera pueden tener implicaciones fiscales. Es necesario entender las reglas de tributación y si existen beneficios o exenciones aplicables.
¿Cuál es el proceso para la negociación de contratos colectivos en Ecuador?
La negociación de contratos colectivos en Ecuador involucra a los representantes de los trabajadores y empleadores, y sigue un proceso definido por la legislación laboral ecuatoriana para llegar a acuerdos sobre condiciones de empleo.
¿Cómo se declaran y gravan los ingresos por la venta de bienes raíces urbanos en Ecuador?
Los ingresos por la venta de bienes raíces urbanos están sujetos al Impuesto a la Renta. Conocer las reglas de clasificación y las tasas aplicables es esencial para el cumplimiento tributario.
¿Cuál es el papel del Servicio de Contratación de Obras en la supervisión ética de contratistas en proyectos de construcción pública en Ecuador?
El Servicio de Contratación de Obras en Ecuador puede desempeñar un papel en la supervisión ética de contratistas en proyectos de construcción pública. Esto incluiría la revisión de licitaciones, la evaluación de la experiencia y capacidad técnica de los contratistas, y la imposición de sanciones en caso de prácticas no éticas o incumplimientos contractuales.
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