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¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Ecuador?
La edad mínima de responsabilidad penal en Ecuador es de 16 años. Los menores de esa edad están sujetos a medidas socioeducativas.
¿Cómo se actualiza la información en las listas de riesgos en Ecuador para reflejar cambios en la situación de las entidades?
La información en las listas de riesgos se actualiza de manera regular a través de un proceso gestionado por la UAF. Las entidades y personas pueden ser agregadas o eliminadas de las listas según la información proporcionada por fuentes nacionales e internacionales. Este proceso garantiza que las listas sean precisas y reflejen de cerca la situación actual de las entidades...
¿Cuáles son las medidas para prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Ecuador?
Ecuador implementa medidas preventivas como campañas de concienciación, capacitación y acciones coordinadas para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual.
¿Existen programas de mediación familiar financiados por el Estado en Ecuador para resolver disputas relacionadas con la pensión alimenticia?
Sí, el Estado ecuatoriano puede financiar programas de mediación familiar para resolver disputas relacionadas con la pensión alimenticia. Estos programas buscan facilitar acuerdos amigables entre las partes antes de recurrir a procedimientos judiciales.
¿Cómo se abordan las sanciones a contratistas en proyectos de infraestructura en Ecuador?
Las sanciones a contratistas en proyectos de infraestructura en Ecuador se abordan de manera específica, considerando la naturaleza y complejidad de dichos proyectos. Las autoridades pueden imponer sanciones proporcionales, como la rescisión de contratos, multas financieras y exclusiones temporales o permanentes de futuras licitaciones.
¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en la protección de derechos humanos en proyectos liderados por contratistas en Ecuador?
La Defensoría del Pueblo en Ecuador desempeña un papel crucial en la protección de derechos humanos en proyectos liderados por contratistas. Esto incluye la recepción de denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos, la intervención para garantizar el respeto de estos derechos, y la colaboración con autoridades para sancionar a contratistas que incurran en prácticas que violen derechos fundamentales.
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