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¿Cómo se evalúa la responsabilidad social en la contratación de servicios de construcción de instalaciones educativas en Ecuador?
La evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de construcción de instalaciones educativas en Ecuador implica la revisión de programas de responsabilidad social, la participación de la comunidad educativa en el proceso de selección, y la medición del impacto positivo en la educación y desarrollo comunitario. Los contratistas deben demostrar su compromiso con la mejora de las condiciones educativas y sociales.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana implica acciones judiciales y está respaldada por la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Estas personas pueden presentar denuncias por violación de sus derechos, incluyendo casos de tráfico de personas o discriminación, buscando protección y reparación en el ámbito judicial.
¿Cómo se determina la competencia de la Corte Constitucional en casos de acción extraordinaria de protección?
La competencia se determina por la naturaleza de la acción; la Corte Constitucional puede conocer de casos que involucren derechos fundamentales y que hayan agotado las instancias ordinarias.
¿Cuál es el proceso para la adopción de medidas de protección a víctimas y testigos en Ecuador?
Las medidas pueden incluir protección de identidad, cambios de residencia, y son gestionadas por autoridades judiciales para garantizar la seguridad de los involucrados.
¿Cuál es la diferencia entre un expediente civil y uno penal?
Los expedientes civiles tratan disputas entre partes privadas, mientras que los penales involucran acciones delictivas.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas del sector de alimentos y bebidas en Ecuador?
En el sector de alimentos y bebidas, las empresas deben cumplir con normativas sanitarias, de etiquetado y de calidad. Esto garantiza la seguridad alimentaria y la conformidad con estándares nacionales e internacionales para proteger a los consumidores.
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