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¿Cómo se determina la competencia de los jueces de paz en Ecuador?
Los jueces de paz tienen competencia en asuntos civiles de menor cuantía; su jurisdicción se determina por la ubicación del domicilio de las partes o del lugar donde se generó la controversia.
¿Cuál es la duración típica de un contrato de arrendamiento en Ecuador?
La duración estándar de un contrato de arrendamiento en Ecuador es de un año, pero puede ser negociada entre las partes. Los contratos a corto plazo deben ser registrados ante la autoridad competente, y si el contrato es por más de un año, debe ser inscrito en la propiedad correspondiente.
¿Cuáles son las responsabilidades fiscales de las empresas en el sector de servicios en Ecuador?
Las empresas del sector de servicios pueden tener consideraciones fiscales específicas. Comprender cómo se aplican los impuestos, como el IVA y el Impuesto a la Renta, es esencial para el cumplimiento tributario.
¿Cuál es el papel del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el control aduanero?
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene el papel de regular, controlar y facilitar el comercio exterior, asegurando el cumplimiento de normativas aduaneras y contribuyendo a la recaudación fiscal.
¿Cuáles son los requisitos para la transferencia de riesgos en un contrato de venta internacional desde Ecuador?
En contratos de venta internacional, la transferencia de riesgos es un aspecto crítico. En Ecuador, las partes pueden utilizar términos Incoterms para definir claramente cuándo y cómo se transfieren los riesgos desde el vendedor al comprador. Es fundamental especificar los términos Incoterms aplicables y sus implicaciones para asegurar una comprensión común y cumplir con los estándares internacionales.
¿Cuál es el rol del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la supervisión ética de contratistas en proyectos sociales en Ecuador?
El Ministerio de Inclusión Económica y Social en Ecuador puede tener un rol en la supervisión ética de contratistas en proyectos sociales. Esto incluiría la evaluación del impacto social de los proyectos, la garantía de la inclusión de comunidades vulnerables y la imposición de sanciones en caso de prácticas que no promuevan la inclusión económica y social.
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