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¿Cuáles son los sectores de riesgo particular en Ecuador en los que se ha observado un mayor potencial para el lavado de activos?
En Ecuador, sectores como el inmobiliario, el financiero y el comercial han sido identificados como áreas de riesgo para el lavado de activos. La compra de bienes raíces, la manipulación de transacciones comerciales y el uso del sistema financiero para encubrir fondos ilícitos son áreas específicas de preocupación.
¿Cómo se abordan los casos de deudores alimentarios que tienen ingresos no declarados o trabajan informalmente en Ecuador?
En casos de deudores alimentarios con ingresos no declarados o trabajo informal, el tribunal puede requerir pruebas adicionales y tomar en cuenta la capacidad económica real del deudor. Se pueden implementar medidas para asegurar que la pensión alimenticia se calcule de manera justa, incluso considerando ingresos no oficiales.
¿Cómo se resuelven los casos de violencia digital y ciberacoso en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de violencia digital y ciberacoso se resuelven mediante acciones judiciales específicas. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda delitos relacionados con el uso indebido de tecnologías, y las víctimas pueden presentar denuncias para que se investiguen estos casos, buscando la protección de sus derechos en el ámbito digital.
¿Cuáles son las disposiciones legales en relación con la subcontratación o tercerización de empleados en Ecuador?
La subcontratación o tercerización de empleados en Ecuador está regulada por la legislación laboral, estableciendo condiciones y requisitos para garantizar los derechos de los trabajadores subcontratados.
¿Puede un extranjero obtener la cédula de identidad si está en el país temporalmente?
Sí, los extranjeros en Ecuador temporalmente pueden obtener una cédula de identidad con una visa de residente temporal. Esta cédula tiene una validez acorde con el período de la visa.
¿Cómo se abordan los casos de acoso laboral en el ámbito judicial ecuatoriano?
Los casos de acoso laboral se abordan mediante acciones judiciales y administrativas. La víctima puede presentar denuncias ante la autoridad laboral y, en casos más graves, recurrir a acciones judiciales para obtener medidas de protección y compensación por daños y perjuicios.
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