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¿Cómo se establece la pensión alimenticia en Ecuador?
La pensión alimenticia se establece considerando las necesidades del beneficiario, la capacidad del obligado a pagar y otros factores relevantes. Puede ser acordada entre las partes o determinada por un juez en caso de desacuerdo.
¿Cuáles son las medidas de protección disponibles en casos de violencia de género?
En casos de violencia de género, se pueden solicitar medidas de protección, como órdenes de alejamiento y prohibición de contacto. Además, existen servicios de apoyo psicológico y legal para las víctimas. La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía o la policía, quienes investigarán y tomarán las medidas correspondientes.
¿Cuáles son las implicaciones legales en contratos de venta de servicios de asesoramiento legal en Ecuador?
Las implicaciones legales en contratos de servicios de asesoramiento legal son fundamentales. El contrato puede detallar los servicios legales proporcionados, los honorarios, las responsabilidades del asesor y las expectativas del cliente en términos de confidencialidad y ética profesional. También es importante incluir cláusulas que aborden posibles conflictos de interés y la duración del compromiso.
¿Cuáles son las consecuencias de hacer negocios con una entidad en la lista de riesgos en Ecuador?
Hacer negocios con una entidad en la lista de riesgos puede acarrear sanciones legales y financieras. Las empresas deben abstenerse de realizar transacciones con entidades en estas listas para cumplir con las regulaciones y evitar posibles consecuencias legales...
¿Cómo se aborda la pensión alimentaria en casos de hijos con doble nacionalidad?
En casos de hijos con doble nacionalidad, la pensión alimenticia se regula según las leyes ecuatorianas. La nacionalidad no afecta el derecho del hijo a recibir pensión alimentaria, y el tribunal ecuatoriano puede emitir una orden en este sentido, independientemente de la nacionalidad del menor.
¿Cómo se trata el delito de colusión en contrataciones públicas en Ecuador?
La colusión en contrataciones públicas está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan prevenir prácticas fraudulentas y garantizar la transparencia en los procesos de adquisiciones del Estado.
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