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¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
¿Cómo se regulan los contratos de distribución y representación comercial en Ecuador?
Los contratos de distribución y representación comercial pueden tener regulaciones específicas. En Ecuador, el contrato puede abordar la exclusividad, los territorios asignados, y las condiciones para la terminación del contrato. Incluir cláusulas que reflejen las leyes y regulaciones locales asegura que el contrato cumpla con las normativas aplicables a estos acuerdos.
¿Qué información adicional se encuentra en el reverso de la cédula de identidad ecuatoriana?
En el reverso de la cédula de identidad ecuatoriana, se encuentra información adicional, como el grupo sanguíneo y factor Rh del titular. Esta información es relevante en situaciones de emergencia médica.
¿Cómo se abordan los casos de acoso laboral en el sistema legal ecuatoriano?
El acoso laboral se aborda mediante la presentación de denuncias ante la Inspección del Trabajo o la autoridad competente, y puede resultar en sanciones para el empleador infractor.
¿Cómo se regula la protección a las personas en situación de movilidad humana en Ecuador?
La protección a personas en situación de movilidad humana está regulada por leyes especiales, y los casos de vulneración de derechos pueden ser presentados ante la Defensoría del Pueblo.
¿Existen límites en la retroactividad de la pensión alimenticia en Ecuador?
En Ecuador, la retroactividad de la pensión alimenticia puede tener límites, y generalmente se establece a partir de la fecha en que se presenta la demanda. Sin embargo, el tribunal puede considerar circunstancias especiales y retrotraer los pagos si lo considera necesario para garantizar la protección de los derechos del beneficiario.
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