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¿Cómo se determina la depreciación acelerada de activos en Ecuador y cuál es su impacto fiscal?
La depreciación acelerada permite deducir una mayor parte del costo de ciertos activos en los primeros años. Conocer las reglas y requisitos es esencial para maximizar los beneficios fiscales.
¿Puede una persona tener más de una cédula de identidad en Ecuador?
No, en Ecuador, cada persona tiene derecho a poseer solo una cédula de identidad. La obtención de más de un documento de identificación puede estar sujeta a sanciones legales.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en casos de reestructuración o fusión de empresas en Ecuador?
Durante procesos de reestructuración o fusión, los trabajadores en Ecuador tienen derechos a la estabilidad laboral, y las empresas deben cumplir con ciertos procedimientos legales para garantizar la protección de los empleados.
¿Cuáles son las consideraciones específicas para contratos de venta de servicios en Ecuador?
Los contratos de venta de servicios requieren consideraciones particulares. En Ecuador, se pueden incluir cláusulas que detallen la naturaleza y alcance de los servicios, plazos de entrega, y criterios de aceptación del servicio por parte del comprador. También es vital abordar aspectos como la propiedad intelectual generada durante la prestación del servicio y las responsabilidades de ambas partes.
¿Cómo se promueve la responsabilidad social corporativa (RSC) a través del cumplimiento normativo en las empresas ecuatorianas?
Integrar la RSC implica cumplir con normas éticas y legales, pero también va más allá al contribuir al bienestar de la comunidad y al medio ambiente. Esto no solo cumple con regulaciones, sino que también construye una imagen corporativa positiva.
¿Qué sucede si el deudor no está de acuerdo con el monto reclamado en el embargo?
Si el deudor no está de acuerdo con el monto reclamado en el embargo, tiene el derecho de impugnar la deuda. Puede presentar evidencia y argumentos ante el tribunal para disputar la cantidad reclamada. Es esencial contar con representación legal para asegurar que el proceso de impugnación se realice de manera adecuada y se respeten los derechos del deudor.
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