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¿Cuál es la edad legal para el matrimonio en Ecuador?
La edad legal para contraer matrimonio en Ecuador es de 18 años. Sin embargo, en casos de menores de 18 años, el matrimonio puede ser permitido con el consentimiento de los padres o representantes legales y la autorización de un juez, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley.
¿Cuáles son los procedimientos para la adopción en Ecuador?
La adopción en Ecuador implica un proceso legal que incluye la presentación de documentos, evaluaciones psicosociales y la intervención de autoridades judiciales. El objetivo es garantizar el bienestar del menor y la idoneidad de los adoptantes.
¿Cuál es el papel del Ministerio del Ambiente y Agua en la regulación ambiental en Ecuador?
El Ministerio del Ambiente y Agua tiene la responsabilidad de formular y ejecutar políticas ambientales, así como regular y controlar el uso sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a la protección del medio ambiente en el país.
¿Qué hacer si la cédula de identidad de un ciudadano ecuatoriano se ha dañado o extraviado en el extranjero?
Si la cédula de identidad de un ciudadano ecuatoriano se ha dañado o extraviado en el extranjero, se puede solicitar un duplicado a través de los consulados ecuatorianos. Se requerirá la presentación de una denuncia en la policía del país donde ocurrió el incidente, y posteriormente se deben seguir los trámites establecidos por el Registro Civil para obtener el duplicado.
¿Existe alguna iniciativa gubernamental para promover la ética empresarial entre los contratistas en Ecuador?
Sí, en Ecuador pueden existir iniciativas gubernamentales para promover la ética empresarial entre los contratistas. Estas iniciativas pueden incluir campañas de concientización, programas de capacitación y la promulgación de normativas que fomenten prácticas comerciales éticas y transparentes.
¿Cuál es el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el sistema judicial ecuatoriano?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene el mandato de promover la participación ciudadana y supervisar la gestión pública. En el ámbito judicial, este consejo puede intervenir en la designación y destitución de ciertos funcionarios, contribuyendo a la transparencia y la rendición de cuentas.
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