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¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la distribución de utilidades en Ecuador?
La distribución de utilidades está sujeta al Impuesto a la Renta. Las empresas deben calcular y retener el impuesto correspondiente antes de distribuir las utilidades a los accionistas.
¿Cómo se regulan los casos de ciberdelitos en el sistema judicial ecuatoriano?
Los ciberdelitos se regulan en Ecuador mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este código aborda delitos informáticos, como el acceso no autorizado a sistemas, fraude electrónico y difusión de información falsa. Las acciones judiciales buscan sancionar conductas que afecten la seguridad digital.
¿Cuál es el proceso de evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de minería en proyectos extractivos en Ecuador?
El proceso de evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de minería en proyectos extractivos en Ecuador implica la revisión de programas de responsabilidad social, la consulta y participación de comunidades afectadas, y la medición del impacto social positivo generado por la actividad minera. Los contratistas deben demostrar su compromiso con prácticas socialmente responsables.
¿Cómo se manejan las cláusulas de cambio de alcance en contratos de venta de proyectos en Ecuador?
Las cláusulas de cambio de alcance son relevantes para contratos de proyectos. El contrato puede establecer cómo se pueden realizar cambios en el alcance del proyecto, los plazos de notificación requeridos y cualquier ajuste en términos de costo o condiciones. Es esencial documentar los cambios de manera clara y obtener el consentimiento de ambas partes para evitar malentendidos.
¿Cómo se ejecutan las sentencias extranjeras en Ecuador?
Las sentencias extranjeras pueden ser ejecutadas en Ecuador siguiendo ciertos procedimientos establecidos por la ley, incluyendo el reconocimiento de la sentencia por un tribunal local.
¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
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