Artículos recomendados
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública en asuntos de familia?
La Defensoría Pública en Ecuador puede proporcionar asesoramiento y representación legal gratuita a personas que no pueden costear un abogado en asuntos de familia. Su papel incluye brindar apoyo a personas en situaciones vulnerables, como víctimas de violencia doméstica o personas con recursos limitados en procesos judiciales familiares.
¿Qué medidas se pueden tomar si el deudor se niega a cumplir con la orden de retención de salario en Ecuador?
Si el deudor se niega a cumplir con la orden de retención de salario, el tribunal puede imponer sanciones adicionales, como multas o medidas coercitivas más severas. Además, el empleador del deudor puede enfrentar consecuencias legales si no cumple con la retención de salario ordenada por el tribunal.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo en Ecuador?
Ecuador implementa medidas preventivas como políticas internas, capacitación y protocolos para abordar y prevenir el acoso sexual laboral.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión extranjera en Ecuador?
Las sanciones a contratistas pueden tener un impacto negativo en la inversión extranjera en Ecuador. Los inversionistas extranjeros suelen evaluar la integridad y la transparencia del entorno empresarial antes de invertir, y las sanciones pueden disuadirlos, afectando así el flujo de inversiones y el desarrollo económico.
¿Cuáles son los criterios para clasificar a alguien como Persona Expuesta Políticamente en Ecuador?
En Ecuador, se considera PEP a aquellos individuos que desempeñan funciones públicas importantes, como altos funcionarios gubernamentales, jueces y legisladores. Los criterios específicos están detallados en la legislación vigente.
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