Artículos recomendados
¿Cómo se abordan los riesgos específicos relacionados con el lavado de activos en el ámbito del compliance en Ecuador?
El compliance en Ecuador debe abordar los riesgos de lavado de activos mediante la implementación de políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de transacciones sospechosas y la participación activa en la prevención del lavado de activos, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica contra el Lavado de Activos.
¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Ecuador?
La edad mínima de responsabilidad penal en Ecuador es de 16 años. Los menores de esa edad están sujetos a medidas socioeducativas.
¿Cuáles son las implicaciones legales en contratos de venta de servicios de asesoramiento legal en Ecuador?
Las implicaciones legales en contratos de servicios de asesoramiento legal son fundamentales. El contrato puede detallar los servicios legales proporcionados, los honorarios, las responsabilidades del asesor y las expectativas del cliente en términos de confidencialidad y ética profesional. También es importante incluir cláusulas que aborden posibles conflictos de interés y la duración del compromiso.
¿Los informes de antecedentes penales en Ecuador son accesibles al público en general?
Los informes de antecedentes penales en Ecuador generalmente no son accesibles al público en general. La información está sujeta a restricciones y solo se divulga a personas autorizadas y en situaciones específicas.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes para propósitos no laborales en Ecuador?
Sí, las verificaciones de antecedentes también se pueden realizar para fines no laborales en Ecuador, como arrendamientos, adopciones u otros procesos que requieran evaluación de antecedentes.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General del Estado en la prevención de irregularidades en contratos públicos en Ecuador?
La Contraloría General del Estado en Ecuador desempeña un papel clave en la prevención de irregularidades en contratos públicos. Realiza auditorías para identificar posibles irregularidades, evalúa la gestión de recursos públicos, y emite informes que pueden llevar a sanciones contra contratistas que hayan incurrido en prácticas no éticas o incumplimientos.
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