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¿Cómo se regula la prueba pericial en el sistema judicial ecuatoriano?
La prueba pericial puede ser solicitada por las partes o dispuesta por el tribunal; los peritos deben ser idóneos y presentar informes técnicos que respalden sus conclusiones.
¿Cómo pueden las empresas en Ecuador asegurar la coherencia entre sus políticas de compliance y sus valores corporativos?
Asegurar la coherencia entre las políticas de compliance y los valores corporativos en empresas ecuatorianas implica la integración de principios éticos en todas las políticas y procedimientos. Las empresas deben establecer un código de ética claro que refleje sus valores fundamentales y garantizar que todas las políticas de compliance estén alineadas con estos principios. La comunicación efectiva de estos valores a todos los niveles de la organización, junto con la promoción de una cultura ética, garantiza que el cumplimiento normativo esté arraigado en la identidad y la misión de la empresa.
¿Cómo se declaran y gravan los ingresos por actividades de outsourcing y subcontratación de servicios en Ecuador?
Los ingresos por actividades de outsourcing están sujetos al Impuesto a la Renta. Conocer las tasas aplicables y las reglas para deducciones permitidas es esencial para el cumplimiento tributario.
¿Cómo se trata el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Ecuador?
La trata de personas con fines de explotación laboral es castigada en Ecuador, buscando proteger a los trabajadores y sancionar a los culpables.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo y la fijada por un tribunal en Ecuador?
La pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo es resultado de un acuerdo entre las partes, mientras que la fijada por un tribunal se determina mediante un proceso legal. Ambas son legalmente vinculantes, pero la primera implica un acuerdo amistoso, y la segunda es impuesta por una autoridad judicial.
¿Cuál es el proceso para la disolución de una unión de hecho en Ecuador?
La disolución de una unión de hecho implica presentar una solicitud ante el juez de familia, demostrando la voluntad de poner fin a la convivencia, y puede involucrar la resolución de aspectos patrimoniales y de custodia.
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