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¿Cuáles son los requisitos para la presentación de pruebas en un expediente judicial en Ecuador?
Las pruebas deben ser relevantes y legalmente obtenidas, y su presentación sigue procedimientos específicos establecidos por la ley.
¿Cómo se aborda la fuerza mayor en un contrato de venta en Ecuador?
Las cláusulas de fuerza mayor son esenciales para abordar eventos imprevisibles que puedan afectar la ejecución del contrato. En Ecuador, es importante definir claramente qué eventos se considerarán de fuerza mayor, cómo afectarán al cumplimiento del contrato y cuáles serán las responsabilidades de ambas partes en tales circunstancias. Esto proporciona seguridad jurídica en caso de eventos imprevistos.
¿Cómo se manejan los conflictos relacionados con el mantenimiento y reparación del bien arrendado en Ecuador?
En caso de conflictos sobre el mantenimiento y reparación, las partes pueden recurrir a la mediación o conciliación para buscar una solución amistosa. Si no se alcanza un acuerdo, se pueden seguir los procedimientos legales establecidos por la Ley de Inquilinato. La documentación detallada de las comunicaciones y problemas es esencial para resolver disputas.
¿Cuál es el impacto fiscal de la adquisición y enajenación de participaciones societarias en empresas extranjeras por parte de residentes en Ecuador?
La adquisición y enajenación de participaciones societarias en empresas extranjeras puede tener consecuencias fiscales. Es fundamental conocer las reglas de tributación sobre ganancias de capital y las obligaciones de reporte.
¿Cómo se establece el monto de la renta en un contrato de arrendamiento en Ecuador?
La renta en un contrato de arrendamiento en Ecuador puede ser acordada libremente entre las partes, pero debe ser razonable y justa. No puede haber cláusulas abusivas que afecten los derechos del arrendatario. La ley establece pautas para evitar prácticas injustas.
¿Cómo se resuelven los casos de violencia digital y ciberacoso en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de violencia digital y ciberacoso se resuelven mediante acciones judiciales específicas. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda delitos relacionados con el uso indebido de tecnologías, y las víctimas pueden presentar denuncias para que se investiguen estos casos, buscando la protección de sus derechos en el ámbito digital.
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