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¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de consumidores en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de consumidores implica acciones judiciales enmarcadas en la Ley de Defensa del Consumidor. Los consumidores afectados pueden presentar demandas para la reparación de daños, la devolución de pagos indebidos y la sanción de prácticas comerciales abusivas por parte de proveedores de bienes y servicios.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo en Ecuador?
Ecuador implementa medidas preventivas como políticas internas, capacitación y protocolos para abordar y prevenir el acoso sexual laboral.
¿Cómo se evalúan las habilidades lingüísticas en el proceso de selección en empresas con operaciones internacionales en Ecuador?
En empresas con operaciones internacionales, las habilidades lingüísticas pueden evaluarse a través de pruebas específicas, entrevistas en otro idioma, o certificaciones que respalden la competencia en el idioma requerido para el puesto.
¿Existe cooperación internacional en la supervisión de contratistas sancionados en Ecuador?
Sí, Ecuador puede participar en iniciativas de cooperación internacional para la supervisión de contratistas sancionados. La colaboración con organizaciones internacionales y otros países puede fortalecer la aplicación de estándares éticos y contribuir a la prevención de actividades ilícitas en el ámbito de la contratación pública.
¿Cómo afecta el comercio internacional a las estrategias de prevención del lavado de activos en Ecuador?
El comercio internacional puede ser utilizado para el lavado de activos, y Ecuador ha fortalecido sus controles aduaneros y de comercio para prevenir esta actividad. Las autoridades trabajan en colaboración con aduanas y otros organismos para rastrear transacciones comerciales que puedan estar relacionadas con el lavado de activos.
¿Cómo se protegen los derechos de las personas con discapacidad en los procesos judiciales en Ecuador?
La Ley Orgánica de Discapacidades en Ecuador garantiza la protección de los derechos de las personas con discapacidad en los procesos judiciales. Se establecen medidas para asegurar su participación activa y se pueden designar apoyos para garantizar un proceso accesible y equitativo.
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