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¿Cómo se promueve la responsabilidad social corporativa (RSC) a través del cumplimiento normativo en las empresas ecuatorianas?
Integrar la RSC implica cumplir con normas éticas y legales, pero también va más allá al contribuir al bienestar de la comunidad y al medio ambiente. Esto no solo cumple con regulaciones, sino que también construye una imagen corporativa positiva.
¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
¿Cuáles son los requisitos legales para un contrato de venta en Ecuador?
En Ecuador, los contratos de venta deben cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil, como la capacidad legal de las partes, el objeto lícito y determinado, y la causa lícita. Además, es fundamental cumplir con las normativas tributarias y comerciales vigentes.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de adopción en Ecuador?
La protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de adopción se aborda mediante acciones judiciales específicas. Los procesos de adopción se llevan a cabo ante jueces de la niñez y adolescencia, quienes evalúan la idoneidad de los adoptantes y garantizan el respeto de los derechos de los menores.
¿Cómo afecta el régimen aduanero a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior en Ecuador?
El régimen aduanero regula las operaciones de comercio exterior. Comprender las reglas de importación y exportación, así como los beneficios disponibles, es esencial para las empresas que participan en el comercio internacional.
¿Cuál es el proceso para la tramitación de la acción de protección en Ecuador?
La acción de protección es un mecanismo para garantizar derechos fundamentales; su tramitación implica presentar la demanda ante un juez, quien debe resolverla de manera expedita.
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