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¿Cuál es el papel de la tecnología en el cumplimiento normativo de las empresas en Ecuador?
La tecnología desempeña un papel crucial al facilitar la automatización de procesos, la monitorización de transacciones y la generación de informes, mejorando la eficiencia en el cumplimiento normativo.
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cuál es la relevancia de la oralidad en los procesos judiciales en Ecuador?
La oralidad en los procesos judiciales busca agilizar la resolución de casos al permitir la presentación de pruebas y argumentos de manera verbal durante audiencias. Este enfoque dinámico facilita una justicia más eficiente y accesible para las partes involucradas.
¿Cuáles son los recursos disponibles para financiar los costos legales en un expediente judicial?
Las partes pueden recurrir a honorarios contingentes, asistencia legal gratuita o seguros legales para cubrir los costos legales.
¿Cómo se asegura la integridad de las transacciones en el mercado de valores para prevenir el lavado de activos en Ecuador?
En el mercado de valores, Ecuador garantiza la integridad de las transacciones para prevenir el lavado de activos. Se implementan medidas de supervisión y auditoría en las operaciones bursátiles, se exige la identificación de los participantes y se colabora con entidades regulatorias para prevenir el uso indebido del mercado de valores en actividades de lavado de activos.
¿Cuál es el proceso de evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de minería en proyectos extractivos en Ecuador?
El proceso de evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de minería en proyectos extractivos en Ecuador implica la revisión de programas de responsabilidad social, la consulta y participación de comunidades afectadas, y la medición del impacto social positivo generado por la actividad minera. Los contratistas deben demostrar su compromiso con prácticas socialmente responsables.
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