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¿Cuál es el papel de la Contraloría General del Estado en la supervisión de contratistas en Ecuador?
La Contraloría General del Estado de Ecuador desempeña un papel crucial en la supervisión de contratistas. Es responsable de auditar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, lo que incluye la revisión de contratos y la imposición de sanciones en caso de irregularidades. Su función es clave para garantizar la integridad en la contratación pública.
¿Cuáles son los requisitos para acogerse a beneficios fiscales en zonas de desarrollo en Ecuador?
Las empresas que operan en zonas de desarrollo pueden beneficiarse de incentivos fiscales, como la exoneración de ciertos impuestos. Cumplir con requisitos como la generación de empleo es fundamental para mantener estos beneficios.
¿Cuál es el papel del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos cibernéticos para empresas en el sector tecnológico en Ecuador?
En el sector tecnológico, el cumplimiento normativo en ciberseguridad implica seguir regulaciones de protección de datos y medidas de seguridad cibernética. Las empresas deben gestionar riesgos cibernéticos, implementar prácticas de seguridad y cumplir con estándares éticos en el manejo de la información digital.
¿Cómo se determina la competencia de los tribunales de lo mercantil en casos de conflictos comerciales en Ecuador?
La competencia de los tribunales de lo mercantil se determina por la materia y el valor en disputa, siguiendo las reglas establecidas por la ley de jurisdicción mercantil para resolver conflictos entre comerciantes y empresas.
¿Cuál es el impacto fiscal de los bonos y premios otorgados a empleados en Ecuador?
Los bonos y premios otorgados a empleados pueden tener implicaciones fiscales. Es fundamental conocer las exenciones aplicables y las reglas de retención para cumplir con las obligaciones tributarias.
¿Cómo se abordan los casos de trata de personas en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de trata de personas se abordan con seriedad en Ecuador. La legislación, como la Ley Orgánica Integral Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, permite acciones judiciales para perseguir y sancionar a los responsables, además de proporcionar medidas de protección a las víctimas.
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