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¿Cuál es la legislación en relación con el delito de violencia digital de género en Ecuador?
Ecuador cuenta con leyes que penalizan la violencia digital de género, con el objetivo de proteger a las víctimas y prevenir situaciones de acoso en línea basadas en género.
¿Cuál es la normativa sobre arrendamientos para fines comerciales en Ecuador?
En el caso de arrendamientos para fines comerciales, es esencial incluir cláusulas específicas sobre el uso permitido del espacio, la duración del contrato, condiciones de renovación, y cualquier disposición relacionada con la actividad comercial. Además, se deben respetar las regulaciones municipales y normativas específicas para negocios.
¿Cómo se gestionan las verificaciones de antecedentes para contratos gubernamentales en Ecuador?
Las verificaciones de antecedentes para contratos gubernamentales en Ecuador son gestionadas por las entidades gubernamentales pertinentes. Estas verificaciones son importantes para garantizar la integridad y confiabilidad de las personas involucradas en proyectos gubernamentales.
¿Cuál es la legislación en relación con el delito de cohecho entre particulares en Ecuador?
Ecuador tiene leyes que penalizan el cohecho entre particulares, con medidas que buscan prevenir prácticas corruptas en el ámbito privado y mantener la integridad en las transacciones comerciales.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas del sector de la moda y diseño en Ecuador?
En el sector de la moda y diseño, el cumplimiento normativo incluye seguir regulaciones de propiedad intelectual, garantizar condiciones laborales justas y cumplir con estándares éticos en la producción y comercialización de productos. Las empresas deben adoptar prácticas sostenibles y transparentes en toda la cadena de suministro.
¿Cuáles son las garantías procesales en los procedimientos penales en Ecuador?
Las garantías procesales en los procedimientos penales incluyen el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no autoincriminarse y la prohibición de la tortura. Estas garantías buscan proteger los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso judicial penal.
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